Asamblea inició trámite de reforma constitucional que le permita designar a las autoridades de control
La Asamblea Nacional inició el trámite para aplicar quince enmiendas a la Constitución que limiten al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en la designación de las autoridades de control.
Las legisladoras Elizabeth Cabezas (AP) y Wilma Andrade (ID) lideraron el ingreso del documento en la Asamblea con el respaldo de 56 firmas.
El objetivo central es lograr el traslado de atribuciones de designación desde el Consejo hacia la Asamblea por ser “el espacio primigenio de representación política y el pluralismo democrático del Estado”, según reza la solicitud.
Con ello, la función Legislativa pasaría a designar las siguientes autoridades: Consejo de la Judicatura, fiscal, contralor y procurador general del Estado, superintendentes, defensor público y del Pueblo, Consejo Nacional Electoral (CNE) y Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Se aclara que en la designación de autoridades de control desde la Asamblea habrá frenos y contrapesos, para lo cual se incorpora un mecanismo previo tripartito integrado por delegados estatales, ciudadanos y la academia. Y además se garantiza veeduría ciudadana.
La propuesta de enmienda mantiene las competencias del CPCCS en la promoción de la participación ciudadana, la transparencia y lucha contra la corrupción.
Los legisladores que respaldaron la petición de enmienda provinieron de los bloques de AP, CREO, BIN, BADI y algunos del PSC.
Se propone que la Asamblea designe a los superintendentes y al procurador del Estado de las ternas remitidas por el Ejecutivo.
Sobre el Consejo de la Judicatura, la propuesta mantiene la designación a través de ternas que serán remitidas por la Corte Nacional de Justicia, Fiscalía, defensor público, Ejecutivo y Función de Transparencia y Control Social.
Para designar al defensor público, defensor del pueblo, CNE, TCE, fiscal y contralor se mantiene el mecanismo de postulación ciudadana modificando el concurso por un proceso de méritos y oposición, pero con veeduría e impugnación llevado adelante por una comisión técnica.
Respecto a la Corte Constitucional se mantiene el proceso de designación a través de concurso público de méritos y oposición por medio de la comisión calificadora, integrada por delegados de las funciones del Estado y la academia.